La “ley Sinde” no es una cuestión de honor - Los límites del diálogo

Deben exigirse responsabilidades a quienes han utilizado dichas injerencias para intentar alterar procesos legislativos, forzar cambios tendentes a mejorar las condiciones de una industria determinada

Los límites del diálogo

Hoy jueves 30 de diciembre tendrá lugar, según se ha ido comentando fundamentalmente a través de Twitter, una reunión en la Academia de Cine entre un conjunto de usuarios de la red (empresarios, abogados, bloggers, etc.) y algunas personas de la industria del cine. La reunión corresponde a una iniciativa de Alex de la Iglesia, y me parece sin duda un buen movimiento, como todo aquel que implique diálogo entre partes. A pesar de haber sido invitado a la misma, el hecho de celebrarse en fechas típicamente vacacionales y el tener un océano de por medio me han llevado a tener que excusar mi asistencia. Sin embargo, no quería dejar de poner sobre la mesa lo que, en mi opinión, deberían ser puntos innegociables en el diálogo: como siempre, completamente personales, debatibles, y sin ánimo de aportar nada más que ideas a un tema que, como es bien sabido, llevo ya mucho tiempo siguiendo.

 

Se dice que en España, todo español lleva un árbitro dentro. En fútbol me parece muy bien que así sea. En la justicia no es así. En la Justicia, los que arbitran y deciden lo que es delito y lo que no lo es se llaman JUECES: así ha sido siempre, así debe ser, y así debe seguir siendo en toda democracia que se precie en la que exista separación de poderes. Por tanto, cualquier intento de crear una “comisión administrativa” que pretenda arrogarse funciones que a día de hoy corresponden a los jueces es algo que debe ser rotunda y radicamente rechazado.

Las páginas de enlaces NO SON DELITO. Así lo han afirmado ya catorce jueces, con amplia y variada experiencia, y algunos más en otros países. Te puede parecer lo que quieras, pero la actividad que desarrollan no implica “enriquecerse con obras de otros”, ni “robar” nada, ni nada por el estilo. Las páginas de enlaces son buscadores: añaden valor a los usuarios organizando contenidos que no hospedan, que se encuentran alojados en otros sitios. Que esos sitios que alojan dichos contenidos cometan o no un delito es de nuevo algo que deberán decir los jueces.

Si un sitio aloja contenidos de terceros sin su permiso ni licencia y explota dichos contenidos con ánimo de lucro, es muy posible que esté cometiendo un delito (aunque una vez mas, eso es algo que deberá decidir un juez). Del mismo modo que el  top-manta  es un delito, no solo porque comercializa obras de terceros sin su permiso, sino también porque compite de manera desleal con quienes pagan impuestos, seguridad social, etc. por llevar a cabo una actividad similar (si una página, sea del tipo que sea, no paga impuestos, no da de alta a sus empleados en la seguridad social o incurre en cuestiones similares, estaremos hablando lógicamente de lo mismo).

La actividad de los usuarios intercambiando contenidos en redes de pares (P2P) sin ánimo de lucro no es delito. No solo porque es un comportamiento socialmente extendido y aceptado que sería además imposible, costoso e inútil reprimir, sino también porque así lo afirma una ya muchas veces citada circular de la Fiscalía del Estado.

Cualquier industria que pretenda ser viable debe entender que perseguir, acosar y arrinconar a sus clientes potenciales es algo que va completamente en contra de las buenas prácticas del negocio y que juega completamente en contra de la sostenibilidad. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

Las injerencias de lobbies industriales de un país extranjero son exactamente eso, injerencias, y además, como tales, inaceptables. Deben exigirse responsabilidades a quienes han utilizado dichas injerencias para intentar alterar procesos legislativos, forzar cambios tendentes a mejorar las condiciones de una industria determinada, o divulgar una imagen falsa, deshonrosa y difamante de nuestro país. La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, debe dimitir de su cargo: no solo está implicada de primera mano en estos temas y evidentemente afectada por la Ley de Incompatibilidades, sino que ha demostrado sobradamente su incapacidad para ejercer el cargo que ocupa, su enorme parcialidad, su abierto desprecio a los ciudadanos, y ha logrado generar una importante alarma social con su gestión.

Las entidades de gestión de derechos de autor españolas son las principales responsables de la falta de opciones de la industria a la hora de comercializar sus productos de forma competitiva e interesante para los ciudadanos, por haber creado entornos monopolísticos llenos de restricciones artificiales y absurdas. Lejos de defender a quienes afirman defender, los están perjudicando de manera patente creando restricciones a ambos lados del mercado, y llevando a cabo una labor únicamente destinada a su propia sostenibilidad. Su actividad y sus cuentas deben ser inspeccionadas de manera rigurosa, y deben además, como bien indicaba el informe de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), perder su estatus de exclusividad para dar lugar a mercados genuinamente competitivos.

Es preciso establecer un proceso serio de revisión del concepto de propiedad intelectual, de cara a adaptarlo a un entorno en el que la métrica de las copias ya carece de sentido. Para esto, deberá establecerse una comisión parlamentaria que escuche de manera equilibrada a todas las partes implicadas, incluidos los ciudadanos. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones, pero los derechos de autor no pueden bajo ningún concepto estar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El canon compensatorio es una figura carente de sentido, y debe desaparecer. Asimismo, pretender establecer un canon similar supuestamente pagado por las operadoras con el fin de remunerar a los artistas es un mecanismo que distorsiona el mercado y que se traslada inmediatamente al usuario final, de manera que acaba siendo éste quien paga injustamente por productos que en muchos casos no utiliza. La cultura debe financiarse con el negocio que genera, en base a prácticas que se acomoden a los tiempos que les ha tocado vivir.

Estos son los puntos que yo defendería como innegociables en un hipotético diálogo en este tema. Como diría un norteamericano,  my two cents, nada más. Sin pretender nada más que el ponerlos por escrito, aunque solo sea para aclarar mis propias ideas en este sentido. Si a alguien le sirven para reflexionar sobre el tema, me alegro un montón.

 

 

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La “ley Sinde” no es una cuestión de honor

Este fin de año ha sido sin duda movido para la mal llamada “ley Sinde” (o “ley Biden-Sinde“, como más propiamente comienzan a denominarla algunos). 

 

Ahora, cuando vivimos ya las últimas horas de la década, las perspectivas para el comienzo de la siguiente en lo referente a este tema son de todo menos halagüeñas: todo indica que el gobierno, tras sacar a sus pesos pesados en defensa unánime de la ley, está negociando a toda máquina un acuerdo con diversas fuerzas parlamentarias para lograr reintroducir en el Senado la “ley Sinde” dentro del texto de la ley de Economía Sostenible, en una abierta burla a los deseos de una ciudadanía que de manera aplastante se manifestó en contra de dicha inclusión.

 

Llama especialmente la atención la postura del Partido Popular, en donde todo apunta que el planteamiento es ahora rebajar el tono de sus enmiendas a cambio de obtener la retirada del canon como forma de salvar sus planteamientos, como si la política se hubiese convertido en una triste cuestión de honor o se viese reducida a un tema de imagen. Es decepcionante: yo salvo mi honor porque apruebo la ley en la que me empeñé, tú te presentas como el que logró la eliminación del canon. Triste, porque entre honores de unos e imagen de otros nos estamos jugando cuestiones mucho más importantes que el honor o la imagen: nos jugamos cosas como nuestros derechos fundamentales o el futuro económico de nuestro país.

 

La cosa llama muchísimo más la atención tras ver el resultado de la reunión organizada por Alex de la Iglesia, presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, con un grupo de ciudadanos: un comienzo verdaderamente ilusionante de diálogo. En tres horas de reunión se avanzó muchísimo más que en un año de intentos de imposición de leyes liberticidas.

 

No, la “ley Sinde” no es, no debería ser en ningún caso una cuestión de honor ni del “salvar la cara” de nadie. La “ley Sinde” debería servir para que el gobierno, para que los políticos en general, se planteasen que seguir por la vía que emprendieron hace ahora algo más de un año es una manera de gastar esfuerzos inútilmente, de aprobar leyes que no van a servir para nada, de enfrentarse directamente con la ciudadanía, de faltar a su deber de representación de los ciudadanos, y de perder votos. Nada bueno puede salir de la “ley Sinde” que no sea la dimisión de su proponente, de quien le da nombre y de quien, en realidad, jamás debió llegar al cargo que ocupa. A partir de ahí, iniciar conversaciones de cara a remodelar el concepto y la ley de propiedad intelectual, y trabajar de manera constructiva con los ciudadanos, no en contra de su voluntad, intereses y necesidades.

 

La reunión en la Academia debería ser un buen comienzo, no un esfuerzo aislado y abortado por los políticos de turno en busca de la preservación de “su honor”. Paremos este absurdo proceso, presionemos el botón de “Reset”, e iniciemos de nuevo la discusión con las premisas adecuadas y escuchando a todas las partes. Ese, y no otro, debería ser el papel de un gobierno que pretendiese servir a sus ciudadanos. Hay mucho que ganar en un planteamiento maduro y reposado de esta discusión. No debería ser mucho pedir a un gobierno que dejase de comportarse como un niño obstinado y malcriado, y empezase de verdad a interpretar su labor como debería ser en una democracia que se precie. Menos “honor”, menos “salvar la cara”, y más avanzar de verdad en la resolución del problema, por favor.

 

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