Nadie se imaginaba que el caso Mercasevilla -uno más de los cientos de casos de corrupción política ligados a terrenos que se venden y se compran con modificaciones de permisos de construcción, plusvalías, comisiones y contactos políticos de por medio- terminaría convirtiéndose, cual caja de Pandora que no deja de abrirse y expulsar responsabilidades, en el mayor quebradero de cabeza del Partido Socialista en Andalucía desde los tiempos de Juan Guerra y la Expo92.
A raíz de la investigación sobre el caso de Mercasevilla se descubrió la existencia del ya bautizado como “fondo de reptiles” de la Junta de Andalucía. Se trata de fondos transferidos por la Consejería de Empleo a agencias públicas y organismos autónomos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y el IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para sus gastos de explotación. Una cantidad que asciende a 700 millones de euros desde que comenzaron a aplicarse en 2001. ¿Qué ha sucedido para que incluso Mar Moreno, Portavoz del Gobierno andaluz, haya reconocido que “podría haberse realizado un uso fraudulento” de los mismos?
Se trata de dinero que en ningún caso podía ser utilizado para, por ejemplo, pagar EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) reconvertidos en prejubilaciones fraudulentas para pago de favores políticos. Dichos fondos, además, habrían sido autorizados por la Consejería de Economía, dirigida en el momento de producirse el grueso de los casos por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía y Consejero responsable de la autorización de las transferencias entre Consejerías y Agencias públicas entre 2004 y 2009.
Cuantía e implicación política
Para que la Fiscalía Anticorrupción se haga cargo de un caso deben darse dos supuestos, primero la cuantía del supuesto fraude –en el caso de los que afectan a la Consejería de Empleo de la Junta se maneja una cifra cercana a los 410 millones de euros que habrían sido destinados a prejubilaciones ilícitas- y segundo, la implicación de políticos y cargos públicos tanto en su adjudicación como en calidad de beneficiarios.
Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es un procedimiento administrativo exigido para suspender temporalmente contratos o realizar un despido colectivo. Dichos expedientes deben ser aprobados por la administración pública que contribuye a su financiación, y tienen como objetivo que la expulsión de los trabajadores se lleve a cabo en mejores condiciones de las que propone el despido ordinario.
Lo extraordinario e ilegal de este caso radica en quiénes son las personas que componen la lista de 72 acusados de cobro ilegal de prejubilaciones en los 68 casos de EREs sospechosos detectados hasta el momento –una cifra que no cesa de aumentar-. Entre ellos se encuentran, desde el ex delegado del Ministerio de Trabajo en Andalucía, Juan Rodríguez Cordobés; el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo -ambos, miembros del partido en el gobierno-, hasta dos destacados militantes de UGT, que además estarían casados. El caso del matrimonio Lanzas, acusado de recibir cerca de 300.000 euros entre los dos a partir de su supuesta prejubilación de una empresa para la que nunca trabajaron sería uno de los más representativos.
También es relevante a la hora de comprender lo organizado de la trama que dos empresas actuasen como intermediarias de la Junta de Anadalucía a la hora de negociar los Expedientes de Regulación de Empleo. Dichas empresas, actuando como “brokers” cobraron también sendas comisiones.
Los 72 casos fraudulentos podrían aumentar a medida que avancen las investigaciones. Los casos detectados se corresponden solamente con los conocidos como “EREs vivos” es decir, expedientes en curso de empresas que aún no han cerrado. Mientras que el Gobierno andaluz se niega por el momento a ampliar la investigación a los “EREs muertos” aludiendo la imposibilidad legal de aportar toda la documentación, la Jueza a cargo del caso habría solicitado investigarlos. ¿Si en 68 “EREs vivos” han aparecido 72 casos cuantos podrían aparecer al añadírseles los 176 “EREs muertos”?
A raíz de la investigación sobre el caso de Mercasevilla se descubrió la existencia del ya bautizado como “fondo de reptiles” de la Junta de Andalucía. Se trata de fondos transferidos por la Consejería de Empleo a agencias públicas y organismos autónomos, como el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y el IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) para sus gastos de explotación. Una cantidad que asciende a 700 millones de euros desde que comenzaron a aplicarse en 2001. ¿Qué ha sucedido para que incluso Mar Moreno, Portavoz del Gobierno andaluz, haya reconocido que “podría haberse realizado un uso fraudulento” de los mismos?
Se trata de dinero que en ningún caso podía ser utilizado para, por ejemplo, pagar EREs (Expedientes de Regulación de Empleo) reconvertidos en prejubilaciones fraudulentas para pago de favores políticos. Dichos fondos, además, habrían sido autorizados por la Consejería de Economía, dirigida en el momento de producirse el grueso de los casos por José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta de Andalucía y Consejero responsable de la autorización de las transferencias entre Consejerías y Agencias públicas entre 2004 y 2009.
Cuantía e implicación política
Para que la Fiscalía Anticorrupción se haga cargo de un caso deben darse dos supuestos, primero la cuantía del supuesto fraude –en el caso de los que afectan a la Consejería de Empleo de la Junta se maneja una cifra cercana a los 410 millones de euros que habrían sido destinados a prejubilaciones ilícitas- y segundo, la implicación de políticos y cargos públicos tanto en su adjudicación como en calidad de beneficiarios.
Un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) es un procedimiento administrativo exigido para suspender temporalmente contratos o realizar un despido colectivo. Dichos expedientes deben ser aprobados por la administración pública que contribuye a su financiación, y tienen como objetivo que la expulsión de los trabajadores se lleve a cabo en mejores condiciones de las que propone el despido ordinario.
Lo extraordinario e ilegal de este caso radica en quiénes son las personas que componen la lista de 72 acusados de cobro ilegal de prejubilaciones en los 68 casos de EREs sospechosos detectados hasta el momento –una cifra que no cesa de aumentar-. Entre ellos se encuentran, desde el ex delegado del Ministerio de Trabajo en Andalucía, Juan Rodríguez Cordobés; el ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo -ambos, miembros del partido en el gobierno-, hasta dos destacados militantes de UGT, que además estarían casados. El caso del matrimonio Lanzas, acusado de recibir cerca de 300.000 euros entre los dos a partir de su supuesta prejubilación de una empresa para la que nunca trabajaron sería uno de los más representativos.
También es relevante a la hora de comprender lo organizado de la trama que dos empresas actuasen como intermediarias de la Junta de Anadalucía a la hora de negociar los Expedientes de Regulación de Empleo. Dichas empresas, actuando como “brokers” cobraron también sendas comisiones.
Los 72 casos fraudulentos podrían aumentar a medida que avancen las investigaciones. Los casos detectados se corresponden solamente con los conocidos como “EREs vivos” es decir, expedientes en curso de empresas que aún no han cerrado. Mientras que el Gobierno andaluz se niega por el momento a ampliar la investigación a los “EREs muertos” aludiendo la imposibilidad legal de aportar toda la documentación, la Jueza a cargo del caso habría solicitado investigarlos. ¿Si en 68 “EREs vivos” han aparecido 72 casos cuantos podrían aparecer al añadírseles los 176 “EREs muertos”?
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